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Alokairu Benta Berri, Inquilinos Azora y Stop Desahucios exigen renovar contratos por 7 años con subida vinculada al IPC

Alokairu Benta Berri, Inquilinos Azora y Stop Desahucios exigen renovar contratos por 7 años con subida vinculada al IPC

SAN SEBASTIÁN, 5 Nov. (EUROPA PRESS) –

Las asociaciones Alokairu Benta Berri, Inquilinos Azora y la interfaz Stop Desahucios de San Sebastián han demandado la renovación de los contratos de las casas de protección oficial en régimen de alquiler adquiridas por «fondos buitre» por siete años, con subidas vinculadas al IPC.

A su juicio, se debe «garantizar la protección y el régimen de alquiler protegido a las promociones de VPO que se encuentran en esta situación hoy día en Euskadi», así como desarrollar «un protocolo preventivo anti-desahucios».

En un comunicado, tras la asamblea mantenida por vía telemática con representantes del Gobierno Vasco para tratar diferentes temas como «las consecuencias de la irrupción de fondos buitre tanto en VPO como la situacion de Benta Berri de San Sebastián, como en viviendas privadas, como en la situacion de la venta de Inmobiliaria Vascongada a Azora», Alokairu Benta Berri, Inquilinos azora y Stop Desahucios han movido su «preocupación» al respecto.

Alokairu Benta Berri ha pedido la intermediación del Gobierno Vasco en frente de «las amenazas, coacciones, intentos de desahucio y falta de interlocución con Blackstone». El Ejecutivo Vasco ha asegurado que «Blacktone pretende mantener el alquiler hasta 2028, mas luego se desconoce qué pasará», según han explicado.

En cuanto a Azora, han indicado que el Gobierno Vasco «no ha intervenido en nada, ni prevé llevarlo a cabo, al tratarse de viviendas privadas». Las asociaciones han señalado que los contratos de Inmobiliaria Vascongada «se están renovando mes a mes, con la gran incertidumbre que esto crea», por lo cual ha pedido que «se regule de algún modo esta figura, que pervierte completamente la vocación con la que se rehabilitó la LAU estatal, dotando de más grande seguridad a los contratos, y más aún en el caso de Grandes Tenedores».

Finalmente, respecto de los hospedajes dotacionales, pidieron que «los 5 años de duración del contrato se contabilicen para el cómputo de la antigüedad exigida para el derecho subjetivo», de forma que «las familias atacables conseguirán una opción habitacional, según cumplan el resto de requisitos de ese derecho subjetivo».



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