Inicio Actualidad Celaá se apoyará en los nacionalistas para sacar adelante su ley

Celaá se apoyará en los nacionalistas para sacar adelante su ley


La ministra Isabel Celaá se apoyará hoy en los nacionalistas para sacar adelante el núcleo duro de la Lomloe, la norma que si las actuales coaliciones parlamentarias del Gobierno no se tuercen derogará la Lomce del PP en la primavera de 2021 y se transformará en la octava ley de educación de la democracia.

La Comisión de Educación del Congreso debatirá y muy posiblemente aprobará durante la jornada el dictamen de la regla, que en su trabajo en ponencia ha incorporado al emprendimiento que en el tercer mes del año pasado alumbró el Consejo de Ministros más de 300 enmiendas, en su enorme mayoría pactadas por los dos asociados de Gobierno, PSOE y Unidos Podemos, pero además con parlamentarios de ERC, PNV, EH Bildu y el Grupo Plural, representado en este caso por Inés Sabanés, de Más País.

La mayoría de partidos aguardan al debate de hoy para revelar sus posiciones finales, pero lo previsible es que el dictamen, que aún puede padecer modificaciones en comisión, salga adelante y pase al pleno del Congreso, para su aprobación por la Cámara Baja el próximo 19 de noviembre, con el respaldo de los partidos del Ejecutivo, de ERC y con el acompañamiento o bien la abstención de peneuvistas, Bildu y Más País.

Lo que es seguro es que el núcleo duro de la futura ley recibirá en la comisión, y después en el pleno, un contundente ‘no’ de parte de PP, Ciudadanos y Vox, que consideran que la regla es un artículo ideológico y partidista sin consenso alguno, que será la puntilla para la enseñanza en español, que bajará el nivel de exigencia en institutos e institutos, y que es un ataque a la independencia de elección de centro y a la escuela concertada. En verdad, las tres formaciones ahora avanzaron que solicitarán al Tribunal Constitucional que decrete su ilegalidad y el PP aseguró que tumbará la ley en cuento cambie la actual correlación de fuerzas en el Parlamento.

El emprendimiento de ley, que si tiene el respaldo del pleno del Congreso completará su tramitación en el Senado, va a recibir el visto bueno en comisión mientras que los representantes de los colegios concertados -compañias, padres, sindicatos y asociaciones-, que han recogido 1,5 millones de firmas para pedir su paralización, se expresan por tercera vez frente a las puertas del hemiciclo. Buena parte del artículo cuenta también con la repulsa de sindicatos enseñantes como Anpe, CSIF, FSIE y USO y con el respaldo crítico de las formaciones de izquierda (CC OO, UGT y STEs).

Cambios principales

La futura ley, parte de cuyo contenido el Ministerio de Educación quiere ahora aplicar de cara al curso 2021-2022, contiene una batería de medidas para transformar la reiteración de curso en algo «inusual» y para incrementar los porcentajes de alumnos que consiguen el título y proseguir estudios, tanto en la educación obligatoria (ESO) como en la secundaria superior (Bachillerato y FP).

Las evaluaciones en Primaria se harán cada un par de años y no cada curso; solo se va a poder repetir un par de veces en toda la educación obligatoria -hasta la actualidad eran una en Principal y dos en ESO-; abre la puerta a promocionar en ESO sin un límite concreto de suspensos siempre y cuando lo acuerde el equipo enseñante; será obligado que el repetidor tenga un plan de refuerzo personalizado; y el Bachillerato va a poder cursarse en tres años.

Se liquidan las reválidas, acaba con los trayectos que la Lomce fijaba en la ESO, por lo cual habrá un título único para todos los que superen cuarto o bien la FP Básica que valdrá para continuar en el centro o en FP; el Bachillerato se va a poder poder con un suspenso; y va a haber mayor facilidad de acceso a la FP media.

La red pública se convertirá en el eje de la educación, en menoscabo de la concertada. Se elimina la «demanda popular» de la Lomce, que dejaba a la concertada aumentar plazas y centros a solicitud de los progenitores; no se cederán terrenos públicos para institutos privados; se fortalecerá la creación de plazas públicas; en el desarrollo de admisión se acabará con el distrito único y se primara la cercanía, la renta y la presencia de hermanos en el centro; se quiere evitar la segregación con el reparto equilibrado de estudiantes con pretenciones de apoyo educativo -discapacitados, vulnerabilidad económica o bien extranjeros-; y se prohibirá el concierto con centros que separen por sexo.

Valores Civiles

La futura regla elimina el calificativo del castellano como lengua «vehicular» de la enseñanza en todo el país; deja a la Religión sin valor académico y sin asignatura alternativa; tanto en Principal como en ESO va a haber un curso en el que se impartirá una exclusiva materia, Educación en Valores Civiles y Éticos; la Historia de la Filosofía volverá a ser obligatoria en segundo de Bachiller; el Gobierno y las autonomías van a fijar por ley los criterios y requisitos para el desempeño de la educación de 0 a 3 años; se aligerarán los currículos y se modernizarán los métodos de aprendizaje; se diseñará con las autonomías un plan para que en una década la mayoría de alumnos con discapacidad estén en centros ordinarios; se da más poder a progenitores, estudiantes y profesores para la designación del director y la gestión del centro; y se fija el compromiso de que en el plazo de un año se realizará un grupo de reglas para mudar la capacitación inicial y persistente del profesorado, el ingreso a la profesión y el desarrollo de la carrera docente, entre otras múltiples medidas.



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