Inicio Economía El alza del diésel, la moneda de algunos Presupuestos con base incierta

El alza del diésel, la moneda de algunos Presupuestos con base incierta


El Presupuesto del Estado para 2021 es récord en todo: en gastos, en ingresos, pero también en inconsistencia e incertidumbre. De hecho, una de las medidas fiscales estrella, el aumento del impuesto al diésel ni siquiera ha durado 24 horas. Al día siguiente de su aprobación por el Consejo de Ministros y pocas horas antes de que los Presupuestos ingresaran al Congreso, Ciudadanos anunció su apoyo a la tramitación parlamentaria del proyecto de Presupuesto -no presentará una enmienda a la totalidad- porque el Gobierno se ha comprometido a Eliminar la subida del diésel en el proceso de enmienda, dice el partido naranja.

El Ejecutivo también había prometido al PNV no incrementar la presión fiscal sobre el diésel, aunque el Consejo de Ministros salió un incremento de casi 4 céntimos el litro con el que calculan ingresar 450 millones de euros más en 2021, una renta que tendrán. para llegar de otra parte si finalmente suprimen la subida. De hecho, el Ministro de Hacienda. María Jesús MonteroSi bien indicó en la presentación del proyecto en el Congreso que no había tenido este contacto con C’s en la negociación de los grupos políticos, a continuación afirmó: «Estaremos encantados de sentarnos a hablar y evaluar propuestas» y se declaró consciente de que en el proceso de enmienda «hay que llegar a acuerdos con los grupos parlamentarios». Con el apoyo de Ciudadanos, el Gobierno asegura la tramitación parlamentaria de las Cuentas porque no va a estar bloqueado en las enmiendas al conjunto, pero también abre fisuras con ERC y EH Bildu, incluso con Podemos, que ven incompatible aprobar los Presupuestos en compañía del partido que dirige Arrimadas.

Cataluña y Valencia mantienen, algo mermado, la mayor apuesta inversora del Gobierno

Ante la necesidad de negociar en varios lados, el proceso parlamentario puede introducir cambios importantes en los Presupuestos, pero seguirá basándose en previsiones excesivamente optimistas e inciertas cuando entremos en un estado de alarma que dure varios meses y con confinamientos cada vez más estrictos. frenar la propagación incontrolada del coronavirus.

Recaudación de impuestos

Gobierno planea recaudar 222 mil millones de euros el próximo año entre impuestos directos e indirectos, que es casi 26.000 millones más que este año, según la previsión de liquidación. De estos, menos de 6.000 provendrían de subidas de impuestos y nuevos impuestos, otros 6.000 de rentas de la UE, mientras que el resto vendría, según Hacienda, simplemente por la mejora de la actividad económica. Específicamente, predice que los beneficios empresariales crecerán un 11% y los ingresos de los trabajadores un 3% para la mejora del empleo. Sin embargo, aunque estos incrementos se deben recuperar tras la debacle de este año, con el agravamiento de la pandemia y el creciente número de cierres de empresas y el aumento del desempleo, es dudoso que los ingresos corporativos crezcan un 20% o un 14% en la recaudación del IVA, muy por encima lo que crecerá el PIB. Ministerio de Economía prevé un aumento del PIB el próximo año del 9,8% -incluido el impacto estimado de los fondos europeos-, pero organizaciones como Airef lo reducen al 5,8%, el Banco de España cree que estará entre el 4,1% y el 7,3% y la propia Comisión Europea no da más del 7,1%, y eso fue antes de que covid-19 endureciera las restricciones.

Si finalmente no se cumplen las previsiones de recaudación, el déficit público se elevará por encima del 7,7% previsto, que ya supone un esfuerzo de reducción de más de 30.000 millones de euros. El incumplimiento tendría impacto en los mercados, en un año en el que la deuda pública pendiente alcanzará los 1,25 billones de euros (112.000 millones de euros más que este año) y el gasto por intereses de la deuda se mantendrá en 31.675 millones de euros, un 0,4% más que este año.

Plan estatal de choque y fondos europeos para la atención a las personas mayores

Cristina Vallejo | Madrid

La pandemia ha puesto en tela de juicio el modelo de residencias para personas mayores en España. Y los Presupuestos, de doble vía, proponen remediarlo. Por un lado, la vicepresidencia de Derechos Sociales cuenta con un plan de choque de dependencia por valor de 636 millones de euros, lo que supone un incremento del 50% de los recursos destinados por la Administración General del Estado a estas políticas. Si ahora mismo el Estado central aporta el 19% de los recursos utilizados en el llamado cuarto pilar del Estado del Bienestar, el Gobierno quiere que ese porcentaje llegue al 34% al final de la legislatura.

A ello hay que añadir que, de los fondos europeos, 708 millones se destinarán a planes vinculados al cambio de paradigma de la atención y la atención a las personas mayores. Social Rights quiere poner en marcha residencias más pequeñas o sectorializables y conectadas a la atención primaria, además de buscar promover la atención de proximidad, los centros de día, la teleasistencia y la atención domiciliaria. Es un «menú de servicios» que el Gobierno español está negociando con las comunidades autónomas. En este contexto, el Ejecutivo quiere impulsar una ley marco de servicios sociales que incluirá un mecanismo de acreditación de residencias que certifique un nivel mínimo de calidad en toda España.

Las cuentas públicas también incluyen la eliminación del copago farmacéutico para las pensiones con rentas inferiores a 5.635 euros anuales o 11.200 euros si no están obligados a presentar la declaración.

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