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El derecho (y deber) de los empleados públicos al teletrabajo


El 29 de septiembre de 2020 se aprobó el Real Decreto-ley 29/2020 de medidas urgentes sobre teletrabajo en las Administraciones Públicas y recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por el covid -191. Por primera vez en España, se ha establecido un marco normativo básico para el teletrabajo para los empleados públicos.

Siete días antes se había regulado el trabajo a distancia en el sector privado, excluyendo la mano de obra al servicio de la Administración. Hasta entonces, una modalidad de trabajo imprescindible durante el encierro para asegurar la prestación de servicios públicos en áreas como la educación o el sistema judicial apenas estaba regulada de forma dispersa en algunas normativas autonómicas.

1. Una historia larga y única

El trabajo remoto al servicio de la Administración tiene características únicas y más historia de la que parece.

Ya en 1957, algunos empleados públicos en los Estados Unidos comenzaron a cobrar por el trabajo realizado desde casa. Luego, a lo largo de la década de 1980, los programas piloto se extendieron por el ejército y varias agencias. El teletrabajo en la Administración ha servido, entre otras cosas, para asegurar el mantenimiento de los servicios públicos en situaciones difíciles desde mucho antes de la crisis sanitaria: tras el terremoto de San Francisco en 1989 y gracias a la experiencia acumulada, alrededor de 800 empleados teletrabajaron durante aproximadamente un año hasta que el edificio de la Agencia de Protección Ambiental estuvo nuevamente operativo.

Desde entonces, el teletrabajo público ha seguido creciendo casi ininterrumpidamente en Estados Unidos. Así, durante más de quince años, la Oficina de Gestión de Personal de los Estados Unidos, a cargo de la gestión del empleo público, ha emitido un informe anual al Congreso sobre el teletrabajo en las agencias federales.

Sin embargo, a pesar de su renacimiento durante la crisis sanitaria, también ha tenido importantes detractores. El impulso que vivió durante el mandato del presidente Obama basado hace décadas en argumentos como el ahorro de energía, la lucha contra la contaminación o la reconciliación entre la vida personal y familiar comenzó a debilitarse a partir de 2018. Para el presidente Trump, limitarlo era una necesidad para prevenir los no ser monitoreado directamente para que no se relaje demasiado.

2. Los matices del teletrabajo en el sector público

El teletrabajo no tiene las mismas connotaciones en el sector público y privado. Es por eso que su regulación es diferente y se encuentra en diferentes estándares.

En ambos casos, el objetivo es evitar que los teletrabajadores vean mermados sus derechos, siempre que sea posible. Además, para evitar quejas comparativas, la Administración debe proporcionar y mantener los medios necesarios para el teletrabajo. Sin embargo, el régimen legal del teletrabajo en la Administración también incluye matices importantes.

Por ejemplo, la autorización para el teletrabajo encuentra un determinante importante en las «necesidades del servicio». Sin embargo, aunque se pueda pensar lo contrario, no es carta blanca en manos de la Administración negar libremente los permisos de teletrabajo. La referencia a «necesidades de servicio» requiere justificar expresamente las razones por las que se deniega el permiso para el teletrabajo (STS de 17 de marzo de 2011). Así, en circunstancias normales, si el trabajo reúne las características requeridas, se debe autorizar el teletrabajo.

En cualquier caso, esto no implica que el teletrabajo en la Administración se configure como un derecho subjetivo. Una de las principales diferencias entre el teletrabajo público y el teletrabajo privado es la voluntariedad. Esto es más limitado en el sector público cuando ocurren situaciones excepcionales, precisamente porque las situaciones excepcionales son cuando es más necesario asegurar la continuidad de los servicios públicos.

3. ¿Existe un deber o derecho al teletrabajo para los empleados públicos?

En primer lugar, el puesto debe ser adecuado para el teletrabajo. Sin embargo, muchos en la Administración requieren una presencia física continua, como trabajadores de la salud o policías. El teletrabajo les es prácticamente imposible.

En segundo lugar, el reglamento se refiere a casos excepcionales debidamente justificados, en los que se reduce el carácter voluntario y reversible del teletrabajo. Si bien se espera que las normas de desarrollo que las incluyan sean objeto de negociación colectiva, esta no tiene el mismo alcance en el sector público que en el privado. Son casos en los que, independientemente del cargo, los empleados públicos tendrán el deber de teletrabajar o, por el contrario, no. Esto, porque es fundamental que la Administración no aparque su razón de ser: servir al interés general y garantizar la prestación de los servicios públicos.

Finalmente, es necesario que el teletrabajo contribuya a la mejora de la organización administrativa y esté sujeto a evaluación. En otras palabras, fuera de situaciones y supuestos extraordinarios, como la crisis de salud, el teletrabajo puede no ser reconocido por algunos empleados si el teletrabajo empeora el funcionamiento de la Administración.

Este artículo ha sido publicado en The Conversation.

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