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El Gobierno se da hasta el próximo lunes para elegir sobre el confinamiento domiciliario


El Gobierno ahora «no descarta» el confinamiento domiciliario tras la evolución negativa de esta segunda ola y visto que la presión de las autonomías medra día a día. En Moncloa no desechan ahora la posibilidad de que se tengan que tomar las medidas más radicales antes de los cálculos iniciales, que apuntaban en la época de noviembre. Pero aún de esta forma–insisten una y vez desde el Ejecutivo central- hay que aguardar a conocer si las restricciones ahora en marcha tienen algún efecto. Y, más que nada,es que en Sanidad confían, aunque sin nombrarse a engaño, en que a las comunidades todavía tengan un penúltimo cartucho con el cierre de la hostelería (las que todavía no lo han hecho) para intentar embridar algo la transmisión desbocada.

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, por primera vez se atrevió a ofrecer una fecha, el 9 de noviembre, como tope para elegir si se continúa como hasta ahora o se da a las comunidades la herramienta legal para dictaminar el encierro en casa las que de esta forma lo quieran. En tal caso, sería un nuevo decreto de estado de alarma que reclaman de manera oficial o bien oficiosa cada vez más territorios, además de las dos ciudades autónomas.

«Vamos a intentar que eso (el encierro en los domicilios) no llegue. Hemos tomado medidas destacables para poder ver qué resultado tienen, así que no adelantemos fases y centrémonos en cumplir todas las reglas y esperemos hasta el día 9 para considerar las actuales medidas, siguiendo día a día las circunstancias como hay que hacer en una pandemia como esta», explicó la número 2 del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Calvo confirmó que la decisión de esta clase de confinamiento domiciliario «es una restricción del derecho primordial a la libertad deambulatoria, por lo que «solo puede decretarlo el Gobierno de España».

«Escasos efectos»

Será desde ese 9 de noviembre, según los proyectos de Moncloa, cuando se analicen si las limitaciones ahora en marcha (fundamentalmente los toques de queda, cierres de hostelería y confinamientos municipales y autonómicos) alcanzan. Sin embargo, los técnicos del Ejecutivo central, conscientes de que el margen para maniobrar cada día que avanza es menor y que la posible ampliación del toque de queda y de los cierres de bares y sitios de comidas podrían tener «escasos efectos», ya hace ahora una semana trabajan en un boceto con las vista puesta mediados de mes por si fuera primordial ese nuevo decreto. Un artículo en el que, sin embargo, el Gobierno central no asumiría el mando único, dado que serían las autonomías las que determinarían hasta donde llegan en los aislamientos de sus poblaciones.

Pero de manera oficial, el mensaje del Gobierno siguió este martes siendo el mismo: no charlar por el momento de la posibilidad de tener que recurrir al encierro en el hogar mientras antes no se quemen todas y cada una de las naves. «Confiamos en que las medidas que se han adoptado por parte de las comunidades autónomas, en algunas ocasiones duras, concluyente, puedan surtir el efecto deseado. Y en esa hipótesis trabajamos siguiendo los criterios técnicos», insistió la ministra Representante, María Jesús Montero. Idéntico razonamiento le hizo el ministro Salvador Illa a los causantes sanitarios de Asturias, que el lunes se convirtió en la primera red social en reclamar de manera oficial a Moncloa que le permita el cierre comunitario. «El ministerio cree que debe darse tiempo para poder ver los efectos de estas medidas (ya implementadas) y corroborar su efectividad en la evolución de la pandemia, antes de ofrecer nuevos pasos», fue la escueta respuesta a la solicitud del Principado.

Actividad no fundamental

Mas la presión medró un día más. A Asturias y Melilla (que también durante el fin de semana pidió que se le permita el encierro por tener las más tasas infectivas de todo el país, ya que se acerca a los 1.400 casos cada 100.000 pobladores), se unió este martes con idéntica solicitud Ceuta, además muy azotada en esta segunda ola. El Gobierno de la ciudad que lidera Juan Vivas (PP) pedirá este miércoles formalmente en el Consejo Interterritorial de Salud a Illa, que permita el confinamiento domiciliario y cierre de la actividad no esencial para contener la propagación de la pandemia.

La Junta de Castilla y León no llegó este martes a sumarse de manera oficial a las comunidades que piden un nuevo estado de alarma, mas anduvo cerca. Su presidente Alfonso Fernández Mañueco exigió al Gobierno central que «acepte las medidas de excepción que la excepcional situación requiere», entre ellas, «el confinamiento si fuera exacto». Mañueco reclamó al Ejecutivo de Sánchez que se involucre poco antes de anunciar el cierre a lo largo de un par de semanas de toda la hostería, los centros comerciales y los centros deportivos, además de prohibir las visitas en las residencias.

Respuesta diversa

Varios Ejecutivos regionales dejaron este martes, en más grande o menor nivel, abierta la puerta a adoptar más limitaciones para la ciudadanía.. De esta forma, aunque el presidente andaluz, Juan Moreno, abogó -como el Gobierno central- por aguardar a principios de la próxima semana para poder ver si cae la propagación, advirtió que no descarta el aislamiento domiciliario con la visión puesta a salvar la Navidad. El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, también aceptó que ese género de cierres en su comunidad además «están encima de la mesa».

Hay otro grupo de territorios, con Euskadi a la cabeza, que sin descartar por ahora soliciar el estado de alarma, piensan que todavía el cierre de la hostelería y otras medidas restrictivas podría ser útil para evitar el confinamiento domiciliario. Sería el caso de la Comunidad Valenciana, que sin importar estar entre las autonomías con menor incidencia del coronavirus prorrogó este martes el cierre perimetral de la región.

También Aragón -que tiene más del 50% de sus camas de UCI ocupadas por pacientes de covid-19- anunció más restricciones; la principal, que desde las ocho de la tarde deberán cerrarse todas y cada una de las actividades y servicios no fundamentales, incluida la hostelería y el comercio, aparte de prohibir toda actividad deportiva en interior hasta novedosa orden. Aparte, amplía el confinamiento perimetral de sus tres capitales a toda la provincia: Zaragoza, Huesca y Teruel.

Mientras que las autonomías que están bajo la incidencia amontonada de la media nacional desechanrecurrir al estado de alarma por ahora, otros territorios con tasas máximas de contagios (como Navarra, Aragón o La Rioja) mantienen en silencio sobre su posición oficial.



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