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El plan legal B que nunca llegó


“Lo que haremos, señoras y señores, es un plan; lo que haremos, señoras y señores, es empezar analizar y discutir con todos ustedes y negociar la modificación de diferentes leyes para garantizar una correcta gobernanza, una vez que hayamos dado el estado de alarma. Tras semanas de negar su viabilidad, Pedro Sánchez abrió el 20 de mayo a Estudiar alternativas a la implementación del estado de alarma para enfrentar eventuales brotes de Covid-19. En ese momento, la Cámara Baja debatió su apoyo a la quinta prórroga del estado de alarma, que el gobierno logró llevar a cabo con una mayoría muy ajustada: 177 sí frente a 162 no. Lejos quedó aquel 25 de marzo, en el que una abrumadora mayoría de 321 diputados avaló la primera prórroga tras el estallido de la pandemia.

El consejero delegado consideró que la legislación ordinaria, que invocaba al PP como alternativa a la excepcionalidad constitucional, no bastaba, como ahora mismo, para acompañar la desescalada, pero una vez completada la transición sí creía que se abría un nuevo campo. necesario. juego para combatir una futura ola de infecciones. Un plan legal B sin estado de alarma, que tanto Ciudadanos como el PNV ponen sobre la mesa apoyar la extensión de las restricciones a las libertades hasta el final de la desescalada y que Esquerra también exigió abstenerse de votar.

Según el pacto firmado con los republicanos, similar al firmado con los liberales y los nacionalistas vascos, el gobierno de Sánchez se comprometió a analizar las «reformas legales necesarias para fortalecer la respuesta a estas pandemias». En concreto, se revisaría la “Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de estados de alarma, excepción y asedio, y todas las leyes sanitarias, como la Ley de Salud Pública, con el fin de mejorar y, en consecuencia, en este caso articular un mecanismo alternativo al estado de alarma, que puede garantizar la cogobernanza con las comunidades y aumentar la protección de los derechos fundamentales y las libertades civiles en una situación similar a la que padecen los efectos del Covid-19.

Un compromiso que el propio Sánchez reiteró a los presidentes regionales, a lo que ya había anunciado que, una vez controlada la fase crítica de la pandemia, propondría «una fórmula de gobernanza que implicará la modificación de leyes». Pero cuatro meses después, la reforma legal propuesta por el Ejecutivo se ha quedado en agua de borraja. El Gobierno considera que la normativa ya vigente es suficiente para gestionar la mayoría de situaciones. Y que, donde no llegan, pueden llegar con un estado de alarma parcial solicitado por una comunidad autónoma.

Un solo cambio legislativo

La única ley de salud que el Gobierno ha modificado hasta ahora es Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, mediante el nuevo decreto de normalidad aprobado a principios de junio y validado en la Cámara Baja. Esta norma regula las acciones coordinadas en salud pública que puede realizar el Consejo Interterritorial del Servicio Nacional de Salud.. Es precisamente a esta ley a la que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid hizo referencia en su sentencia del pasado jueves en la que volcó las restricciones impuestas por Sanidad a la capital y diez municipios madrileños al entender que no era posible restringir derechos fundamentales con regulación no orgánica.

El TSJM afirmó que esta norma y específicamente su artículo 65, «no contiene una autorización legal para el establecimiento de medidas restrictivas de los derechos fundamentales». Agregó, además, que “los derechos fundamentales que la Constitución atribuye a los ciudadanos no pueden verse afectados por ninguna injerencia estatal no autorizada de sus representantes a través de una disposición con fuerza de ley, que cumpla con las condiciones mínimas suficientes exigidas por los requisitos de seguridad y certeza jurídica. de la derecha ».

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