Inicio Actualidad La guerra entre Sánchez y Ayuso marcará los futuros encierros en España

La guerra entre Sánchez y Ayuso marcará los futuros encierros en España


Fue la noche del jueves en la última de las dos conversaciones que tuvo Pedro Sánchez, recién llegado de Argel, con Isabel Díaz Ayuso. En esa última entrevista, el presidente del Gobierno, como ultimátum, dio tres opciones al jefe del Ejecutivo autonómico para confinar una vez más Madrid y otras ocho grandes ciudades de la región. La primera de estas opciones consistía en que la Comunidad de Madrid, como autoridad competente en materia sanitaria, emitiera una orden en virtud del artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. El segundo consistió en que Ayuso pidiera a Sánchez que declarara el estado de alarma en la comunidad para poder gestionar juntos los confinamientos. Y el tercero y último, que el Gobierno impuso el estado de alarma por la fuerza.

La Moncloa –explican diversos funcionarios del Ejecutivo que estuvieron presentes en las negociaciones– presentó la primera opción, que fue la propia Ayuso quien ordenó reactivar el cierre de las ciudades de la región que acababan de anular la justicia, como un “gesto de buena voluntad «. Todo esto, a pesar de las serias dudas expresadas por la Fiscalía que esta fórmula podría ser derrocada en breve por el mismo Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que horas antes había anulado el encierro de casi cinco millones de madrileños.

De hecho, varios de los asesores legales de Salud y Justicia recomendaron directamente a Moncloa dejar solo las dos últimas opciones y no influir en la primera, a pesar de que algunos juzgados ya habían avalado los confinamientos perimetrales, incluidos los de Madrid, invocando ese vago artículo. 3 de la ley de salud pública. Un precepto que literalmente dice que «para el control de las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar acciones preventivas generales, puede adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que están o han estado en contacto con ellos y el entorno inmediato, así como los que se consideren necesarios en caso de riesgo de carácter transmisible. «

Según señalaron a Moncloa en los servicios legales del Estado que convulsionó el jueves, el problema con este artículo, que en esta nueva normalidad ha sido utilizado de manera generalizada por las comunidades para confinar una vez finalizado el estado de alarma el 22 de junio, es que No existe doctrina legal sobre su interpretación, ya que hasta el momento no ha suscitado controversia. Y que precisamente la vaguedad de esa redacción, a falta de saber lo que pensaría la Corte Suprema, ya había hecho que varios juristas señalaran la posibilidad de que esta ley no habilitara a las comunidades para poner en cuarentena a grandes poblaciones sanas sin vínculos directos con infectados.

La cuestión es que las dudas de los juristas estatales se plasmaron el pasado sábado en una resolución judicial que podría marcar los confinamientos futuros de esta segunda ola, hasta el punto de dejar el estado de alarma como única herramienta eficaz para imponer cuarentenas hasta que se reforma la legislación vigente.

Sin «cobertura legal»

La Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Aragón se negó a suscribir este fin de semana el encierro perimetral en la localidad zaragozana de La Almunia de Doña Godina, al entenderse que estas medidas no encajaban en ese célebre artículo 3 desde las administraciones no puede restringir un derecho fundamental – como la libre circulación – cuando las medidas están dirigidas a un grupo de población cuya única conexión con la enfermedad es su residencia en el mismo territorio. Por ello, los jueces aragoneses dictaminaron ayer que el encierro de La Almunia «carece de cobertura legal».

Para complicar aún más el asunto, surge la circunstancia de que tanto el ministro de Salud, Salvador Illa, como el propio Sánchez han sugerido que el Gobierno de Ayuso provocó deliberadamente la sentencia de la Corte Suprema que anuló los encarcelamientos precisamente por no invocar este mismo artículo de la Ley de 1986. ley de salud pública. Un precepto que ha servido hasta ahora a diversos tribunales para avalar los cierres, pero que la justicia de Aragón y Varios peritos de la Fiscalía del Estado consideran que no habilita a las comunidades autónomas poner en cuarentena a grandes grupos sanos.

Así, y ante esta inseguridad jurídica, y más ahora tras la sentencia del Superior de Aragón, los servicios jurídicos apuntan a que la única herramienta fiable para futuros confinamientos es el estado de alarma, pactado o impuesto. Y advierten que la sentencia sobre La Almunia, sobre todo en el momento en que se ha producido, podría marcar las decisiones de otros tribunales superiores.

El Madrid pidió más tiempo pero no cuestionó la ley 86

Poco después de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón abriera una vía navegable sobre la legalidad de los cierres de grandes municipios, Isabel Díaz Ayuso recordó en redes sociales que precisamente la opción que habían derribado los juzgados era la que el propio Pedro Sánchez presionó para presidente para aceptar. Es decir, la propia Administración autonómica decretó el cierre de las grandes urbes de Madrid a partir de la ley de salud pública de 1986, que no aclara hasta qué punto es lícito encerrar a personas sanas. «La alternativa con la que nos amenazó Sánchez el viernes fue judicialmente insostenible», escribió Ayuso en su cuenta de Twitter. «El Madrid hizo lo correcto. Actuamos de acuerdo con la ley. Defendimos a nuestros técnicos sanitarios y acertamos ”, dijo.

Sin embargo, tal y como explicaron los diferentes asistentes a las negociaciones de este jueves, lo cierto es que la Comunidad de Madrid en ningún momento de esa noche -ni siquiera el viernes por la mañana antes de que se aprobara el estado de alarma- manifestó tener dudas legales sobre la vigencia del 1986. Ley, que la propia Administración regional ya había utilizado para confinar a más de un millón de habitantes de las zonas sanitarias básicas.

Según fuentes de ambas instituciones, Díaz Ayuso se limitó durante esas horas críticas a pedirle a Sánchez «más tiempo» para estudiar el ultimátum, pero no expresó que veía ilegal la única opción que lo dejaba sin recurrir al estado de alarma. .

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