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La ley del derecho a la vivienda llegará al Congreso antes de fin de año


A partir de este viernes el proceso de consulta pública sobre el proyecto de ley para el derecho a la vivienda. Así lo anunció el consejero de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. Según la normativa, con el objetivo de mejorar la participación de la ciudadanía en el proceso legislativo, incluso antes de la elaboración del anteproyecto se lanza una consulta pública, que en este caso se canaliza a través del portal web del ministerio. En este apoyo, a través de un formulario, el Ejecutivo busca la opinión de las personas y organizaciones interesadas en el tema. Este canal de participación pública estará abierto hasta el 15 de octubre.

El objetivo de la norma es el diseño de un marco legislativo que ofrezca cobertura y protección legal a la vivienda social y protegida. Esto se entenderá como un instrumento clave de acción pública a favor del derecho a la vivienda. José Luis Ábalos, en la presentación de la iniciativa, remarcó que este proyecto de ley es «el primero de este tipo en la historia de la democracia en España». Además, según la presentación de la consulta pública, «Constituye la respuesta del Estado a la obligación que, en el marco de sus competencias constitucionales, le incumbe de proteger el derecho al acceso y disfrute de una vivienda digna y adecuada». Y alude al artículo 47 de la Constitución, que es el que establece este derecho. La futura ley, por tanto, se presenta como una norma con fuerza de ley que sentará las bases y garantías del ejercicio efectivo del derecho constitucional a la vivienda. «La necesidad y la oportunidad de la norma viene dada por la inexistencia de una regulación estatal que es fundamental para enfrentar los problemas de la vivienda», indica el documento que presenta la consulta pública.

Los objetivos que marca la ley son la regulación de las políticas de vivienda como servicio público de interés general; blindando la función social de la vivienda; promover el desarrollo de parques de vivienda pública; fortalecer el derecho a una vivienda digna a un precio asequible; apoyo a la planificación y cooperación interadministrativa en la materia; así como la mejora de la transparencia e información en las transacciones inmobiliarias de vivienda.

Estos serán los ejes de un proyecto de ley que, según fuentes de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, estará listo una vez finalice el período de consulta pública. El objetivo es que antes de fin de año llegue al Congreso de los Diputados. A partir de ahí, se discutirá en las Cámaras, para que la ley se apruebe a lo largo de 2021.

El departamento de Ábalos señala que la política de vivienda de los últimos años «se ha abandonado» o incluso señala que ha habido «un retroceso real con, por ejemplo, operaciones de venta de vivienda social a fondos que anulaban su carácter social y perjudicaban a muchas personas en situaciones de vulnerabilidad. José Luis Ábalos afirma que «esto no puede volver a pasar». “Debemos hacer la autocrítica como país y dar un giro profundo a la cuestión de la vivienda social. Porque algunos de los problemas que vemos hoy surgen de decisiones que se hicieron hace años o décadas.

Además, el Gobierno destaca que el anti-proyecto se elabora “en un momento particular, en el que, luego de la crisis económica y financiera de la última década y, de manera transitoria, bajo los graves efectos de una pandemia sin precedentes en los últimos años. historia, una parte importante de la población tiene serias dificultades para acceder a una vivienda asequiblePor tanto, debe ser considerada como el problema fundamental que enfrenta la norma, mediante la aplicación de diferentes disposiciones legales.

La ley se enmarca en un marco de actuación en materia de vivienda que busca incrementar la oferta de vivienda social en España y se suma a otras iniciativas del departamento de Ábalos, como el plan estatal de vivienda 2018-2021; el plan de 20.000 viviendas sociales o de alquiler asequible; medidas destinadas a crear un entorno propicio para la promoción de viviendas de alquiler a precios asequibles; así como el plan de rehabilitación y renovación urbana sostenible.

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