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La limitación de agilidad a 30 y 20 km/h castiga los motores diésel y eleva el consumo


El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que modifica tanto el Reglamento General Circulación como el Reglamento General de Automóviles en el que se establecen nuevos límites a la circulación en zonas urbanas. En las vías de un único carril por sentido de circulación, la agilidad máxima se reducirá de 50 hasta los 30 kilómetros por hora; y en las vías que dispongan de interfaz única de calzada y acera, hasta los 20. Según recogen los informes que maneja la Dirección General de Tráfico, la reducción de la agilidad en las ubicaciones urbanas tiene un efecto directo en la reducción de la siniestralidad, sin que como efecto negativo se produzca un ralentización del tráfico.

Desde el punto de vista de la seguridad vial, «los efectos son innegables. La ciencia señala que cuando un vehículo atropella a un peatón a 50 km/h sigue con vida el 50 por ciento. Y cuando el atropello es a 30 km/h, solamente fallece el 5», afirma Ramón Ledesma, asesor de PONS Seguridad Vial, a este períodico. En verdad, argumenta que la agilidad media en la actualidad dentro las localidades «apenas llega a los 15 km/h». «No parece, por consiguiente, que un límite 30 venga a destrozar muchos tiempos de recorrido diarios», añade.

Aparte, tomando de referencia ciudades con restricciones como Pontevedra o bien Bilbao, se ha preciso que la contaminación acústica se disminuye de manera drástica, hasta 3 decibelios, se reducen las emisiones de humo contaminante, así como el tiempo de reacción del conductor. Entre otras cosas, si un niño surge delante del coche a 12 metros precisamente a una velocidad de 20 es posible pararse completamente, si la velocidad fuese de 50, solo se tiene tiempo para reaccionar pero no para frenar.

No obstante, expertos resaltan el castigo mecánico y en el sobrecoste el combustible para el usuario que supone circular a bajas velocidades. Concretamente, el profesional de Autocasión, Rubén Fidalgo, enseña que estos límites afectarán «al nivel de eficacia del coche y a la aparición de problemas en los filtros antipartículas (FAP)». «Específicamente, puede mostrarse un exceso de hollín de la combustión que tapona rápidamente los filtros antipartículas, lo que dispara el consumo de comburente y hace que se desgaste rápidamente. Un inconveniente que perjudica especialmente a los automóviles diésel empleados en un empleo urbano, ya que el motor nunca suele funcionar sobre 2.000 rpm; y hay que tomar en cuenta que un filtro FAP puede valer entre 4.000 y 5.000 euros, mucho más que todo lo que haya podido ahorrar en comburente el propietario del vehículo», especifica. Eso sí, resalta que circular a 20 km/h para los vehículos híbridos y eléctricos «son todo ventajas». «Lograrán un consumo menor y un más grande rango de autonomía», concluye.

Por su lado, Mar Calderón, directiva de Infotaller, determina que «el coche padece mucho más en ciudad», y, en concreto, «el embrague, que al circular en ámbitos urbanos constantemente, incrementan las posibilidades de que falle». Y se trata de entre las piezas que más grande desembolso supone: «La sustitución del embrague y su instalación es un proceso complicado, y su costo oscila, dependiendo del modelo del vehículo, desde los 500 hasta los 1.300 euros», resalta.

Incremento de las sanciones

También, a consecuencia de una más grande reducción de los límites de velocidad, cabe destacar la novedosa tipificación como infracción grave «llevar en el vehículo» mecanismos de detección de radares o cinemómetros, lo que va a suponer la sanción de 500 euros y la pérdida de tres puntos. Hoy en día solo está sancionado el uso de tales dispositivos durante la conducción, pero la experiencia demostró que, ante un control vial, los conductores los desactivan para impedir que los agentes de Tráfico logren acreditar su utilización, por lo que una vez aprobada la reforma se sancionará su pura tenencia. Por lo tanto, hay que diferenciar entre comunicar, descubrir e cortar. Los GPS (o bien apps como Google+ Maps o Waze) tienen dentro una base de datos con la situación de los radares fijos y de tramo de las rutas españolas, los sitúan en el mapa y alertan al conductor de la cercanía del mismo, por lo cual su empleo es legal.

Al contrario, un inhibidor, que rastrea los radares y anula su funcionamiento está sancionado con hasta 6.000 euros y 6 puntos. De la misma manera que un detector, que también rastrea y localiza los radares próximos, cuyo empleo está contraindicado y se sanciona con 200 euros y la retirada de 3 puntos.

Asimismo, la meta último del anteproyecto es incrementar los hábitos seguros al volante. Por ello, como consecuencia, se aumenta de 3 a 6 los puntos a detraer por conducir sujetando con la mano dispositivos de telefonía móvil inteligente –en vez de los tres puntos actuales–. Es más, ahora se podrán imponer sanciones por manipular el teléfono móvil en el coche, inclusive aunque estemos parados, entre otras cosas, en un semáforo en rojo o en un atasco.



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