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La última riña de Trump


Mientras la nación monitorea con ansiedad el retardado escrutinio de los últimos votos, el presidente Trump ha desatado una última pelea judicial para, cuando menos, intentar empañar su derrota y la victoria del demócrata Joe Biden. Con las posibilidades de reelección desvaneciéndose por instantes, el líder republicano recurrió ayer a los tribunales y las maniobras procesales en un acto final por asirse al poder.

En una excepcional declaración para un presidente en ejercicio del cargo, Trump anunció por Twitter su deseo de terminar con el recuento de votos emitidos legalmente. «¡DETENGAN EL RECUENTO!», fui uno de sus tweet este jueves. Horas después, en una comparecencia sin preguntas desde la Casa Blanca, tachaba de «corrupto» y «fraudulento» el voto por correo y afirmaba que «están tratando robar» las selecciones al Partido Republicano. «Saben cuántos votos requieren y van a aguardar y aguardar hasta hallar esos votos», decía de los demócratas.

Para pasmo de los demócratas, los elementos requieren un mejor acceso de los observadores republicanos a los centros de procesamiento del voto, al paso que cuestionan la integridad de las papeletas por correo. Adicionalmente, intenta conseguir también un recuento en el Estado de Wisconsin y tiene un caso en marcha en la Corte Suprema para bloquear el escrutinio en Pensilvania de las papeletas recibidas vía postal a lo largo de los tres días siguientes a las elecciones.

Todo ello una parte del intento atormentado de utilizar a los tribunales en todos y cada uno de los casos clave en que las urnas le han sido desfavorables. La estrategia legal del presidente, atacar la integridad del proceso de votación en los Estados donde el resultado implica su derrota, persigue ganar tiempo y escalar en el circuito judicial hasta el Supremo, con el que cuenta para obtener veredictos convenientes, especialmente ahora en que cuenta con tres jueces nominados por y un banco de mayoría conservadora.

Un documento «político»

Simultáneamente al intento de bloquear el recuento de votos donde todavía éste no terminó pero va perdiendo, Trump intenta poder repetirlo en otros donde ahora está derrotado, como Arizona, con la quimérica esperanza de remover la virtud de Biden. Esta demarcación es singular porque cambió rotundamente de republicana a demócrata en estos comicios. En Nevada, por ejemplo, ha recurrido al argumento de denunciar que el escrutinio ha sido adulterado.

Con la ventana de opciones legales estrechándose mientras pasan las horas, el equipo del presidente persigue además una orden judicial en Georgia que imponga plazos estrictos en el condado de Chatham, a causa de las acusaciones de un espectador republicano de que una pequeña proporción de votos no seleccionables habrían sido admitidos como válidos. Hasta la actualidad, su mejor logro en esta estrategia es haber conseguido que un juez de Filadelfia asegure que los observadores de partidos y candidatos puedan estar presentes mientras los gobernantes electorales terminan de contar los votos postales. Toda clase de disculpas son válidas para denunciar el desarrollo, inclusive que un espectador republicano estaba demasiado lejos para verificar la firma de los votantes en las papeletas.

En palabras del fiscal general de Pensilvania, el demócrata Josh Shapiro, estas solicitudes son más «un documento político que un documento legal». Por su lado, el equipo de Biden ha calificado las impugnaciones de charada «patética».

Tanto en Michigan como en Pensilvania, las solicitudes requieren la interrupción temporal del escrutinio. Como este ya ha concluido en varios condados, requieren revisar todos y cada uno de los billetes. A este respecto, Joe Biden continuó ayer llamando a la paciencia y aseguró que nadie «nos quitará nuestra democracia, ni ahora, ni nunca».

Dos factores influyen decisivamente en la estrategia judicial de Trump. Por una parte se explota de los 65 millones de estadounidenses que eligieron votar por correo, sobre todo por el miedo a la epidemia de coronavirus, que sigue engrosando la lista de enfermos en el país a razón de 100.000 contagios diarios.

Desde mucho antes de los comicios, Trump ahora calentó motores con sus acusaciones de que este tipo de voto podría ocasionar un «estafa electoral», consciente de que la mayoría de los ciudadanos que concurren a las urnas a través del correo son comúnmente demócratas. Además, la lentitud que añade este sistema al escrutinio le ha brindado al presidente un margen extra para cultivar dudas y atribuirse la victoria en distintos Estados antes de tiempo mientras que lanzaba a los 4 vientos su mensaje de que a le desaparecían votos y a Biden le brotaban «mágicamente» con el paso de las horas. «Están encontrando papeletas de repente y es sorprendente que todas vayan para exactamente el mismo lado, para los demócratas», se quejaba en su última comparecencia.

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El segundo factor es el ajustado margen de papeletas por el que se ha producido la victoria del demócrata en varios Estados, que facilita a Trump pedir de manera automática una revisión. En este escenario, el republicano, a quien le faltó tiempo para invocar al Tribunal Supremo tras los decepcionantes primeros resultados de las elecciones, ha tratado de evocar el ‘caso Florida’, la intervención de la Corte Suprema en los comicios de 2000 que terminó de hecho entregando la presidencia a George W. Bush en menoscabo de Al Gore.

Diferencias respecto a Florida

Por otro lado, las diferencias con los comicios de hace 20 años son numerosas. Para iniciar, en aquella ocasión, con Florida bajo control republicano, Bush se aferraba a una pequeña virtud de poco más de quinientos votos en el momento en que el demócrata Al Gore pidió el recuento y la Corte Suprema lo detuvo.

LA CLAVE:

Todo tipo de razonamientos.
Ciertas impugnaciones se fundamentan inclusive en que el observador republicano estaba en un espacio donde no veía bien la papeleta

Los expertos en Derecho electoral afirman que reclamar la intervención del alto tribunal ahora sería prematuro, si no precipitado. Según el blog de Richard Hasen, instructor de Derecho de la Facultad de California en Irvine, para llegar hasta el Supremo el caso debería producirse en un Estado donde el resultado determinase al ganador de las elecciones.



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