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Las réplicas de los impagos se dejarán sentir en las cuentas públicas por las garantías del ICO


La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal emitió la primera advertencia: Garantías del Estado, que buscaban incentivar a los bancos a no cancelar el crédito a las empresas, primero para hacer frente a sus pagos corrientes -con una línea de avales de 100.000 millones de euros- y luego para acometer inversiones -con fianzas de 40.000 millones-, pueden acabar engordando el déficit y la deuda pública.

Esto se debe a que si la persona que ha recibido el préstamo no puede devolverlo, ejecutará la garantía de la cual, en este caso, el titular es el Estado. La AIReF ha solicitado a la Administración datos sobre el riesgo asociado a los préstamos que garantiza y la situación de los prestatarios para estimar los efectos en las cuentas públicas.

Hasta el momento se han realizado 818.208 operaciones de financiación con un importe garantizado (en riesgo por el Estado) de más de 77.000 millones de euros. El 98% de sus beneficiarios son pequeñas y medianas empresas y autónomos.

El Estado no garantiza todos los créditos, sino el 80% a las pymes; 70% a grandes empresas; y 60% a refinanciamiento.

El período de amortización del préstamo es de cinco años, por lo que el impacto presupuestario se distribuiría durante este período de cinco años. Pero el economista Alfred Albiol incide en un punto: estos préstamos tienen un período de gracia de hasta un año, por lo que muchos de ellos pueden ya estar en mora en la primavera de 2021 porque sus tenedores no tienen la capacidad de afrontar ni siquiera los primeros pagos.

La normativa de garantía no establece periodos de gracia, sino que estos se acuerdan entre el banco y el cliente, por lo que puede haber deficiencias negociadas más breves, lo que sugiere que la morosidad podría surgir incluso antes.

Joaquín Maudos, investigador del IVIE, destaca que hay préstamos otorgados a empresas en sectores muy afectados, y si la pandemia las obliga a continuar con restricciones de actividad, aflorarán morosidades que afectarán el déficit y también las ganancias de las entidades. (en muchos de estos créditos, el 30% de las pérdidas son asumidas por los bancos).

Santiago Carbó, catedrático de la Universidad de Granada, descarta que los bancos hayan hecho la vista gorda ante los riesgos de los préstamos con la perspectiva de que sea el Estado el que cargue con el grueso de la factura en caso de impago.

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