Inicio Actualidad Los ayuntamientos mantienen el pulso con Hacienda y exigen más ayudas

Los ayuntamientos mantienen el pulso con Hacienda y exigen más ayudas


Es uno de los conflictos más destacados en una época repleta de ellos: el enfrentamiento entre los municipios y Hacienda que llevó al Gobierno a su primera derrota del legislativo, ya que el Congreso anuló su decreto con medidas -en algunos casos polémicos- de apoyo. a las corporaciones locales.

Puede que el resultado del conflicto no esté muy lejos. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se reunió este jueves para diseñar una propuesta complementaria al decreto que elaboró ​​Hacienda en sustitución del que el Parlamento no validó. Y está previsto que mañana, como todos los últimos martes de mes de forma ordinaria, su junta de gobierno y su junta de portavoces se reúnan con un documento para discutir y, en su caso, aprobar.

No se descarta que pueda celebrarse una reunión extraordinaria este lunes para que todo vaya más rápido e, incluso, se aprueba un nuevo decreto el martes en Consejo de Ministros ya del agrado de todos los grupos que integran la FEMP y consensuado con Montero. No es el escenario central, a pesar de que el contacto permanente entre el presidente de la Federación, Abel Caballero, y Hacienda puede haber adelantado trabajo.

Se está acabando el tiempo para los ayuntamientos con prisa debido al aumento del gasto y la caída de los ingresos, pero puede ser un poco apresurado y el decreto puede retrasarse una o dos semanas. Si acaba teniendo un convenio entre los ayuntamientos y Hacienda.

Requisito de 5.000 millones

«La FEMP no renuncia a nada», advirtió Abel Caballero, del PSOE y alcalde de Vigo, que enumeró como requisitos tanto «la nulidad de la regla de gasto como el resto de medidas contempladas en la última propuesta de Hacienda», como también «. Fondos esenciales «de 5.000 millones y transporte, además de posibilitar el uso del remanente.

La última oferta de Montero es, dicen desde su departamento, 85% idéntica al decreto que derrocó al Congreso. El 15% restante fue su parte más impugnada: el traspaso voluntario de los remanentes de los municipios que los tenían a cambio de la distribución de un fondo de 5.000 millones. Las localidades que no tienen ahorros para renunciar quedarían fuera de estos recursos. Aunque lo que más protestó la oposición al Gobierno fue la suerte de la «usurpación» por parte del Estado de dinero que no le correspondía -aunque lo devolvería.

Pero todo el decreto derogado por el Congreso, también el tema de los remanentes, fue aprobado por la FEMP, aunque solo con los votos a favor del PSOE, y gracias a la calidad de su presidente. Que los demás partidos representados en la FEMP (PP, IU-Podemos, PDeCAT y Ciudadanos) estuvieran en contra y que otros se les sumaran, sumando una decena con una treintena de alcaldes en pie de guerra mostraba la dimensión de un conflicto insólito, que incluso cuestionaba el rol representativo de la FEMP de la voluntad municipal.

La unión de los cuatro

En la reunión celebrada el pasado martes por los portavoces de los cinco colectivos representados en la junta de gobierno de la FEMP, los cuatro que no son el socialista, de los que Jorge Azcón (PP) actuó como portavoz, pidieron a Caballero que “empiece a representar a todos los alcaldes de España y no solo del PSOE ». También advirtieron que sus partidos no convalidarían el decreto de Montero como estaba: sin el fondo para compensar la pérdida de ingresos por transporte, ni los 5.000 millones que se deben distribuir priorizando el criterio de población, además de una fórmula para utilizar los remanentes.

La pregunta más difícil es la última. Los municipios no pueden utilizar todos sus recursos acumulados por varias e importantes razones: la Constitución, luego de la reforma del artículo 135 en 2011, y la ‘ley Montoro’ o ley de estabilidad presupuestaria de 2012 obligan a las entidades locales a lograr el equilibrio fiscal – y el resto no se considera ingresos del año en curso–, y también establecer que cuando se logran más ingresos de los esperados, se deben utilizar para reducir deudas o ahorrar. No es imposible que el lío acabe con una mayoría para llevar a cabo reformas de gran alcance que eliminen esos límites.

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