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Más de una cuarta parte de España ya sufre restricciones para frenar la segunda oleada


La lucha contra el virus en esta segunda oleada vuelve a alcanzar máximos, hasta el punto de que alrededor de 12,5 millones de españoles, más del 26,5% de la población del país ya vive bajo algún tipo de restricción legal con el fin de contener la transmisión del covid, según las estimaciones de esta semana del Ministerio de Salud y las distintas autonomías.

Este mismo lunes La Generalitat ha anunciado que ultima nuevas medidas tras los pésimos datos epidemiológicos de los últimos días en la comarca del Vallès Occidental, donde se ubican dos de las cinco ciudades más pobladas de la comunidad, Sabadell y Terrassa. El Gobierno, sin embargo, no propone nuevos confinamientos, pero no los descarta. Esta semana la Generalitat desvelará cuál será su respuesta a esta delicada situación.

Y es que esta ‘nueva normalidad’, en la que la gestión de la salud es responsabilidad de las comunidades, ha encendido una guerra con estrategias también muy diferentes, desde los retrocesos a la fase 1 o 2 del desescalamiento a confinamientos perimetrales, pasando por el Medidas más laxas de limitaciones de horario o capacidad de locales comerciales o de ocio. Un abanico de medidas de todo tipo que este fin de semana ya afectaron a nada menos que 650 de los 8.131 municipios del estado.

Según los datos de las administraciones, desde España empezó con la primera restricción de derechos fundamentales para contener el virus (el aislamiento el 25 de febrero del hotel H10 Costa Adeje Palace en Tenerife) todo el territorio nacional solo ha vivido libre de limitaciones durante 20 días, los días transcurridos entre el fin del estado de alarma el 22 de junio y la decisión de la Generalitat de atacar el 12 de julio el primer gran foco de esta segunda oleada con el confinamiento perimetral de la comarca ilerdense de Segria.

Trece comunidades

Estos aislamientos zonales con controles policiales, probablemente la medida más dura de restricción de libertades de grandes poblaciones asintomáticas, los padecen actualmente unos 5,7 millones de españoles, algo más del 12% de la población total del estado, distribuidos en al menos 46 municipios de 9 provincias diferentes. Sin embargo, el número de provincias que han utilizado esta herramienta en algún momento de esta segunda oleada supera la quincena.

Y es que desde que finalizó el estado de alarma, al menos 13 comunidades autónomas han recurrido a esta medida en algún momento que el Gobierno inauguró en su día y que, con matices, ha sido copiado por las administraciones autonómicas y locales, pero también por el propio Gobierno central, que esta semana decretó el estado de alarma en Madrid para confinar la capital de España en el perímetro y ocho de los nueve municipios más grandes de la región.

De hecho, la Comunidad de Madrid es la autonomía, con diferencia, con la población más confinada. Hay exactamente 4,8 millones de habitantes que no pueden salir de las grandes urbes marcadas por Sanidad. Pero no son los únicos. A día de ayer, también los habitantes de otras siete áreas básicas de salud con altas tasas de incidencia acumulada se extendieron por la región.

El caso de Madrid, tanto por la cantidad de población como por la guerra desatada entre las administraciones central y autonómica, eclipsa otras situaciones similares, pero lo cierto es que en estos momentos hay cerca de 900.000 personas confinadas fuera de esa comunidad. Las más conocidas son las cuarentenas de las otras dos únicas capitales de provincia –León y Palencia– pero también hay confinamientos perimetrales ahora mismo en localidades de Burgos, Jaén, Córdoba, Sevilla, Orense o Ciudad Real.

El recinto perimetral fue la primera medida de contención utilizada en España y, a medida que la segunda ola se ha vuelto más intensa, se ha impuesto su uso frente a la otra gran estrategia de mano dura contra el virus: el retroceso a las fases de la desescalada. con limitaciones de movimiento pero sin prohibición general de movilidad como en confinamientos. Sin embargo, actualmente hay al menos 21 municipios ‘retornados’ a una fase de desorden con nada menos que 950.000 habitantes registrados. La ciudad ‘atrasada’ más importante es Zaragoza, que estará en la fase 2 hasta el 15 de octubre para evitar las ‘no fiestas’ del Pilar, pero otras localidades importantes como Huesca o Lorca (en Murcia) también han pasado o siguen bajo estas restricciones.

Aragón fue el ‘inventor’ de los retrocesos a la desescalada que más tarde inspiraron a muchas otras comunidades cuando en la tercera semana de julio envió a las comarcas Bajo Aragón-Caspe y Bajo a la fase 2. Las primeras barras de la nueva normalidad fueron siendo entonces. vivieron y, como sucedió en Segrià, lucharon contra brotes concretos. Y en este contexto, los retrocesos fueron efectivos para controlar esos brotes.

Situación desigual

Pero ahora, cuando los brotes en muchos casos se diluyen y la situación epidemiológica es la más dispar según el territorio, las administraciones también están optando por soluciones ‘a la carta’. Así, las mayores restricciones actualmente vigentes no son ni los confinamientos perimetrales ni los retrocesos, sino otro tipo de medidas ‘ad hoc’ que implican algún tipo de limitación de horarios, aforo o reuniones. En total, según las últimas estimaciones de salud y autonomía, hay más de 580 municipios con unos 5,8 millones de habitantes en los que se encuentra en vigor algún tipo de estas restricciones. El gobierno provincial este mismo domingo anunció para todos Navarra, la comunidad con mayor incidencia acumulada de toda España, limitaciones de reuniones, aforo y horarios de hospitalidad, muy similares a las que ya tenían implantadas otras comunidades en todo el territorio, como es el caso de Canarias o Euskadi, o parcialmente como Castilla-La Mancha, Galicia, Islas Baleares o Cataluña.

Los expertos en salud creen que este tipo de ‘cortes a la carta’ de cierta movilidad pero sin limitaciones de derechos fundamentales serán los que se expandirán, sobre todo ante las crecientes dudas jurídicas de los tribunales, como ya ha sucedido con el Superior de Aragón, que la ley de salud pública es una protección jurídica suficiente para grandes confinamientos de poblaciones sanas.

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