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Menos incentivos para el empleo y más centrado en colectivos con baja empleabilidad


España es uno de los países europeos que más gasta en incentivos a la contratación, actualmente 2.900 millones de euros que se destinan a bonificaciones y reducciones de cotizaciones a la Seguridad Social. Sin embargo, los efectos positivos que tienen son «modestos», no perduran en el tiempo y no sirven para solucionar los problemas transitorios y el paro estructural en España. Así lo reconoce la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en el estudio de la segunda fase de la Revisión de Gastos ‘Incentivos a la contratación y el autoempleo’ publicado este miércoles.

«Hemos visto que no son efectivos para solucionar problemas estructurales en el mercado laboral, pero sí tienen efectos en la empleabilidad de determinados colectivos y en el mantenimiento del empleo», explicó Cristina Herrero, presidenta de la institución, en rueda de prensa. Admitió que sus beneficios tienden a desaparecer cuando finaliza el período de bonificación.

Por ello, este órgano de control considera que es necesario reducir el número de incentivos y limitarlos en el tiempo, aumentar su cuantía, estandarizar los requisitos de las empresas beneficiarias y orientarlos exclusivamente a colectivos muy concretos y de baja empleabilidad. Sin embargo, abre la mano para utilizarlos como herramienta para dinamizar el mercado laboral en momentos de crisis, como el actual, cuando sería conveniente implementar un plan de contratación permanente de jóvenes.

Los mayores esfuerzos de estos incentivos van encaminados a mejorar el empleo de las personas con discapacidad, por lo que el 41% del gasto evaluado se destinó a este colectivo. Pero casi un tercio de esos 2.000 millones se dedicaron a estimular los altibajos del autoempleo. En concreto, en 2018 el Estado destinó 646,5 millones a financiar la tarifa plana de los autónomos, lo que supone una reducción de la cuota a 60 euros durante al menos el primer año que estén dados de alta en este régimen. La AIReF concluye que este incentivo sí cumplió con su objetivo de promover el emprendimiento, pero solo mientras esté vigente esta ayuda y para personas con un nivel de formación medio-alto y que llevaran poco tiempo en paro.

Así, aboga por cambiar el sistema de cotización de este colectivo para adecuarlo a sus ingresos reales, algo que ahora está negociando el Gobierno. Sin embargo, hasta que este sistema esté en funcionamiento, recomienda mantener la tarifa plana.

Aumentar las cantidades

Otra de las conclusiones de este análisis es que uno de los factores que influye en la efectividad de estos incentivos es el momento del ciclo económico en el que se aplican, ya que se ha comprobado que los efectos no deseados que se producen al contratar están siendo recompensados ​​que se producirían de la misma manera sin que disminuyan en período recesivo. En opinión de la AIReF, en este momento tiene sentido implementar planes temporales y transitorios que estimulen la contratación de personas que sufren la mayor virulencia de los efectos de la crisis y que no tendrían ayudas si no hubiera recesión.

En este sentido, defiende la necesidad de rediseñar estas políticas activas de empleo y crear un sistema más sencillo, con requisitos claros y de fácil verificación, que, en su opinión, podría estimular su uso por parte de las empresas. «Un sistema más focalizado permitiría incrementar los importes y hacerlos más atractivos», apunta este organismo autónomo, que además considera que es necesaria una mayor coordinación entre todas las administraciones para identificar qué colectivos tienen menos empleabilidad, centrar los esfuerzos en aquellas personas con menor empleabilidad. mayores necesidades en cada territorio y simplificar la diversidad de incentivos, mejorando así su efectividad.

Otra de las medidas que considera necesaria es vincular estos incentivos a programas de formación, que pueden mejorar la empleabilidad de los colectivos vulnerables, aunque para ello se requieren reformas que mejoren la calidad de la formación y su vinculación con el mercado laboral. En este sentido, AIReF destaca que en los países vecinos existe una mayor apuesta por la formación que en España, ya que no se reduce a los jóvenes como aquí, y pide eliminar el límite de edad y ampliar la formación a la vida laboral.

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