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Noticias, información y última hora de las nueve provincias de Castilla y León Ruiz afirma que no tuvo «constancia» de irregularidades en la autorización de parques eólicos durante su paso por la Junta


La exvicepresidenta y exministra de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, aseguró hoy que no tenía «ni pruebas ni dudas de que había algo irregular» en la autorización de los parques eólicos y defendió la tramitación de la declaración ambiental de conformidad con la ley. , sin modificar ninguna propuesta presentada por las comisiones territoriales. Además, agregó que no recibió «quejas» por retrasos, ni «presiones» para agilizar los trámites.

Ruiz, vicepresidente entre 2004-2011 y titular del Ministerio de Medio Ambiente de julio de 2003 a octubre de 2004 y de 2007 a 2011, compareció este lunes ante la Comisión de Instrucción de los Juzgados que analiza el proceso de autorización de parques eólicos, la compra de el edificio Arroyo de la Encomienda y el terreno de Portillo (Valladolid), así como las oficinas comerciales en el exterior.

La exvicepresidenta y exministra de Medio Ambiente, quien destacó que acude a la comisión cuando ha sido citada, negó haber recibido obsequios de nadie y dictaminó que duerme «muy tranquila», porque no está inmersa en un proceso judicial y pidió que se permitiera trabajar a los trabajadores. tribunales. Además, ha destacado que se enteró de posibles irregularidades en 2015, cuando apareció un informe de la Agencia Tributaria, algo que reconoció que le «preocupaba».

Al respecto, María Jesús Ruiz defendió el «rigor» y la labor de los integrantes del Ministerio de Medio Ambiente y advirtió que si hubiera tenido conocimiento de alguna irregularidad la habría corregido, más allá de los «errores» que pudiera haber comprometidos en el ejercicio de sus cargos.

«Paréntesis» en el procesamiento

El socialista José Francisco Martín entregó a Ruiz un documento firmado por el entonces secretario general de Medio Ambiente, José Manuel Jiménez, quien a su juicio ordenó la paralización de los parques eólicos para tramitar únicamente aquellos en los que hubiera un certiorari hacia el exviceconsejero. de Economía, Rafael Delgado, y empresas de Castilla y León participarán en los accionistas de las promotoras.

La exconsejera aseguró que en 2003, cuando llegó a Medio Ambiente, hubo un «enorme atasco» de expedientes de viento, que fueron procesados ​​por orden de presentación, pero además, a su juicio, los servicios territoriales estaban «doblemente estancados». «

“Decidimos parar y hacer una evaluación preliminar en el territorio”, explicó María Jesús Ruiz, quien refrendó la orden enviada a las delegaciones territoriales por su ‘número dos’. «A mí me suena bien», dijo y explicó que esta suspensión sirvió para determinar las áreas específicas que no eran susceptibles de albergar parques eólicos, con el fin de trabajar en falso. En segundo lugar, agregó, se determinaron otras áreas susceptibles con medidas correctivas y otras que estaban perfectamente libres. “Se hizo un paréntesis”, indicó para dar certeza jurídica y agilizar y no paralizar los proyectos.

En cuanto al congelamiento de expedientes y la emisión de la declaración ambiental del socialista José Francisco Martín, la exvicepresidenta consideró que la historia era una «fantasía», ya que a su juicio se basa en una «conspiración» de distintas personas. «Nadie ni me obligó, ni me llamó, ni para forzar trámites, ni para evaluar antes o después», agregó.

En relación a la compra del Edificio Arroyo y del terreno del Portillo, María Jesús Ruiz aseguró que como vicepresidenta no podía intervenir en las competencias de otro ayuntamiento y que no participaba en los órganos de gobierno de las empresas públicas afectadas. Además, agregó que solo había estado en la sede en el exterior en Bruselas y que desconocía la existencia de oficinas en Miami o Panamá.

Primeras noticias en 2015

La abogada de Podemos Laura Domínguez le preguntó directamente si estaba al tanto de lo que pasaba con los parques, a lo que ella respondió que “para nada” y que la primera noticia que recibió fue en 2015. “Nunca tuve, ni pruebas, ni Dudo, no sabía que pasaba algo irregular ”, sentenció Ruiz.

En cuanto al certiorari que dejó sin intervención a los servicios territoriales, Ruiz reiteró que nunca tuvo conocimiento de esta acción, que consideró seguiría lo dispuesto en la ley. Además, la exconseja indicó sobre la tramitación de los parques que el trámite era «muy claro» e indicó que nunca recurrió a esa posibilidad porque así lo consigna la legislación ambiental. «No veo por qué este procedimiento generaría sospechas», agregó y reiteró que es una opción prevista en la legislación.

En cuanto a las declaraciones de impacto ambiental, Ruiz negó que en ningún caso fueran expeditas o demoradas, ya que defendió que la legislación establece de manera «detallada» las consultas con los diferentes órganos y pasos a seguir. «No siguió adelante, no se congeló», dijo, y respondió que ella no dio instrucciones al respecto.

Así, indicó que en 2003 firmó ocho declaraciones ordinarias, competencia del consejero y 51 declaraciones simplificadas de los delegados territoriales. En 2004, recordó que firmó cuatro ordinarios y uno simplificado. Además, desde ese año hasta 2007, indicó que no tiene conocimiento de que alguien denunciara alguna situación o presionara para agilizar los trámites. «En ningún caso he modificado alguna de las propuestas que salieron de las comisiones y no tengo conocimiento de que nadie lo haya hecho», dijo.

María Jesús Ruiz aseguró que ella era la responsable de que el trámite ambiental se hiciera de acuerdo con la ley en todos los casos, pero respondió que esto no implica la aprobación de todo el expediente. Además, como ex ministra de Medio Ambiente, se responsabilizó de lo hecho, pero respondió que no hay «defecto, sin duda».

En relación con la Fundación Patrimonio Natural, el abogado de Podemos advirtió que recibió donaciones de los adjudicatarios de parques eólicos, a lo que el exconsejero indicó que desde su creación en 2005 recibió medidas compensatorias por daños al medio ambiente, que disociaron propia a partir de convenios específicos con obra social con entidades financieras. «Nunca he determinado las medidas correctoras, ni las medidas compensatorias», ya que recalcó que era un requisito técnico.

Asesoramiento «instrumental»

El portavoz de CS, Francisco Javier Panizo, optó por dejar el ámbito judicial «al margen», por lo que se centró en las responsabilidades políticas y pidió a Ruiz que explicara su participación en las declaraciones ambientales. La exconsejera indicó que se aplicó la Ley de Prevención Ambiental de 2003, que destacó son más restrictivas que la legislación básica española. «En ningún caso tenemos una mancha ahí», dijo para defender la veracidad del trámite administrativo.

«No sabía quiénes eran los promotores eólicos», dijo y agregó: «Nunca tuve reservas, ni de altos funcionarios, ni de funcionarios». “Fuimos una asesoría instrumental, procesadora”, dijo sobre lo que venía de promotores privados o administraciones. Por tal motivo, dijo que firmó declaraciones ordinarias cuando finalizó el procedimiento, ya que no participó de las comisiones de prevención, ni territoriales ni autonómicas.

Además, señaló que nunca modificó las disposiciones contenidas en los expedientes y que nadie lo hizo sobre los acuerdos de las comisiones territoriales o regionales, ni lo que suscribieron los delegados territoriales. El abogado de Cs advirtió que una sentencia de un juzgado de León anuló la declaración ambiental por desmantelamiento de los proyectos, aunque Ruiz señaló que el Ministerio tramitó lo proveniente de la promotora y del cuerpo sustantivo.

Además, Ruiz señaló que en su segunda legislatura sobre Medio Ambiente tenían mucho trabajo, porque además de autorizar lo ordinario, tenían que revisar lo existente. «Simplemente no lo logramos», dijo. Además, señaló que los trámites energéticos fueron, por ejemplo en 2007, 32 (16 de parques eólicos) de un total de 314.

Sin queja, sin presión

A las preguntas del «popular» Alberto Castro, la exvicepresidenta insistió en que si hubiera sospechado o tuviera indicios de una irregularidad habría «tomado las medidas oportunas» y agregó que no recibió ninguna denuncia por los retrasos en la procesamiento, ni «presión» para acelerar los trámites. Además, Ruiz defendió las evaluaciones como un procedimiento «muy garantizador» y, por tanto, «muy difícil» de «saltear». «Es muy, muy exigente en todos los aspectos».

En general, ha destacado que el plan eólico y el desarrollo industrial asociado «han funcionado bien», ya que ha destacado que Castilla y León tiene el 23 por ciento de los megavatios eólicos, casi uno de cada cuatro en España. «Fue un momento y un hecho relevante», dijo, aunque reconoció que la crisis anterior provocó la pérdida de gran parte de estas plantas industriales. «Tendremos que revisar lo que se considera mejorable», concluyó.

Finalmente, Alberto Castro valoró la «actitud» de los diferentes ejecutivos regionales para esclarecer ciertos hechos. “Algunos no vienen con la intención de aclarar, sino de confundir”, dijo. «Sacamos conclusiones buscando la confusión», agregó el Zamorano. «Una cosa son los hechos y otra la conjunción de narrativas», agregó.

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