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Rato absuelto y acusado por la cotización de Bankia


La Audiencia Nacional ha absuelto al expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, así como los otros 33 imputados en el juicio por la inclusión de Bankia en 2011, quienes enfrentaban penas de prisión por los presuntos delitos de estafa y falsedad del inversor contador. El exvicepresidente económico del Gobierno y exdirector del FMI enfrentaba ocho años y medio de prisión.

La decisión del tribunal se hace pública apenas una semana después Bankia anunciará su acuerdo de integración con CaixaBank, operación que se ha colado en los últimos días de la propia decisión, que exonera de cualquier responsabilidad penal a los directivos que en 2011 decidieron que la entidad que aglutinaba a las antiguas Cajas de Ahorros (Caja Madrid, Bancaja, Caja de Canarias, Caixa Laietana , Caja La Rioja, Caja Ávila y Caja Segovia) Tuvo que dar el salto a la bolsa en plena crisis económica y financiera.

En la entidad, ahora presidida por José Ignacio Goirigolzarri, da un suspiro de alivio tras la sentencia, entendiendo que no supondrá un bache en el camino iniciado a principios de mes para incorporarse a CaixaBank. La entidad de origen catalán también ve claro el futuro ante cualquier obstáculo judicial y reputacional que hubiera supuesto absorber a Bankia con un condena penal de sus exgerentes Encima de ellos.

El texto insiste en que la OPI Contó con la aprobación de todos los supervisores, como el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Gobierno a través del FROB (Fondo de Reestructuración Bancaria), e incluso instituciones europeas. a través de la Autoridad Bancaria (EBA). El tribunal considera que el prospecto mediante el cual la entidad dio a conocer la operación contenía información financiera y no financiera «amplia y precisa». Además, señalan que durante el juicio solo se expusieron actitudes genéricas del imputado y no hechos concretos por los que pueda imputarse un delito.

Bankia salió a bolsa el 20 de julio de 2011, cuando era presidido por Rodrigo Rato, en un contexto de crisis condicionado por la extrema necesidad de obtener capital de las entidades. Entonces valía 3,75 euros por acción (en un año, el precio bajó más del 80%), con una inversión en la que el 60% de la operación se dirigió a inversionistas minoritarios, principalmente sus clientes, quienes fueron instados desde las sucursales a convertirse en ‘banqueros’.

Entonces Bankia afirmó tener beneficios, aunque un año después reformuló sus cuentas y arrojó pérdidas de más de 3.000 millones de euros. Allí comenzó el debacle, que culminó con la salida de Rato de la presidencia y el rescate del grupo por parte del Estado con un inyección de más de 22.000 millones de euros de los que ha devuelto algo más de 3.000 millones.

Rodrigo Rato está cumpliendo el sentencia de cuatro años y medio impuesta en el caso de las ‘tarjetas negras’ del Caja Madrid, aunque disfruta de la semilibertad desde mediados de año. Por su parte, con esta absolución por la OPI, también quedan exonerados de toda culpa José Luis Olivas, que fue vicepresidente de Bankia, y reconocidos consejeros de la entidad como el exministro Ángel Acebes.

La resolución de la Sección Cuarta del proceso de fusión de hasta siete Cajas de Ahorros en BFA, en 2010, en la que se considera que “fue impulsada por las autoridades económicas y financieras” y que estas entidades ejercieron un «Fuerte presión» para emprender procesos de integración en el sistema financiero español, con el objetivo de conseguir en el corto plazo reforzar la solvencia y aumentar la capacidad de soportar escenarios de morosidad extrema en un contexto de fuerte deterioro del ciclo.

Además, insiste en que «tanto la decisión de hacerlo público como la determinación de hacerlo» fueron «enteramente contempladas» por el Banco de España, cuyo gobernador era entonces Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que también las aprobó «después de sopesar las ventajas y desventajas que conllevaban estas decisiones». Para la Audiencia Nacional, el proceso que culminó con la cotización de Bankia «Fue supervisado intensamente con éxito por el Banco de España, la CNMV, el FROB y la EBA, contando en última instancia con el visto bueno de todas las instituciones ”.

Sobre él Folleto de OPI señala que la información que contenía sobre todo el proceso fue «Más que suficiente para que los inversores mayoristas y minoristas se formen un juicio razonado sobre el valor de la empresa que se ofrece. E insiste en que se trataba de información que «había sido elaborada con supervisión y cumpliendo con los requisitos del Banco de España, y posteriormente fue avalada por la CNMV al momento de registrar el folleto».

Sin embargo, esta posición contrasta con la del Corte Suprema, cuya sentencia incluso anuló esa OPI dada «la grave inexactitud del folleto y el error sufrido por los demandantes». Aunque la Audiencia Nacional distinguió ese proceso civil con el penal que enfrentaban Rato y el resto de la cúpula de Bankia y del que ahora han sido absueltos. A principios de 2016, la Corte Suprema obligó a devolver a los pequeños inversores las cantidades invertidas en el momento del salto al parque de la entidad. Al contrario de lo que sucedió con los grandes inversores, que sí cuentan con los medios suficientes para conocer los antecedentes de la inversión que realizaron. que, a diferencia de lo que puede suceder con inversores más cualificados, carecen de otros medios de obtener información sobre los datos económicos relevantes para tomar la decisión de compra de acciones – está suficientemente razonado en las sentencias.

Ante esta sentencia, Bankia inició un proceso de devolución de inversiones entre los pequeños accionistas mediante el cual Pagó unos 1.900 millones de euros a unas 225.000 familias. No sucedió lo mismo con los grandes inversores, con quienes aún tiene disputas legales por esa operación.

La Audiencia Nacional recuerda que la Fiscalía, en sus conclusiones provisionales manifestó que la información económico-financiera que Bankia suministró al mercado con motivo de la OPV “No se puede clasificar materialmente como falso en la medida en que no violó las regulaciones entonces vigentes y cumplieron con los requerimientos del regulador, que llegó a autorizar expresamente algunas decisiones contables «aunque» no contribuyeron a que la imagen justa de la entidad se viera debidamente.

Una de las consideraciones más relevantes extraídas de la sentencia destaca que durante el juicio hubo ausencia de hechos específicos atribuidos al imputado. Y esa falta de menciones específicas predominó durante todo el proceso. «También es destacable la ausencia de menciones específicas a los imputados por los numerosos testigos que, tras haber rendido exhaustivas declaraciones en la fase de instrucción, lo volverían a hacer ante el tribunal, y también por los peritos, o por referencias documentales etc. de contenido incriminatorio ”. Durante el juicio «Nadie los nombró, ni para bien ni para mal, por lo que la mayoría de los imputados cayeron en el olvido», dependiendo de la sentencia.

El texto legal también hace referencia a los famosos correos electrónicos del inspector del Banco de España, José Antonio Casaus, enviado en 2011 a otros miembros del supervisor donde alertaron sobre la peligrosidad de Bankia. En ellos se refleja «La opinión» del inspector, con «opiniones» que «nunca se vieron reflejados en ningún documento oficial».

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