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Solo en el 31,5% de los procedimientos judiciales se valora la discapacidad intelectual del acusado


Solo el 31,5% de los procedimientos judiciales se tiene en cuenta la discapacidad intelectual del acusado en algún instante. En el 57,7% no se ha tenido en cuenta, y en el 10,8% se desconoce. De este 31,5%, en un 8,9% de los casos, se tuvo en cuenta cuando la persona fue detenida, y a lo largo del trámite, en un 45,3% de las situaciones. En un 16% de los casos se tuvo en cuenta al fijar la pena o medida correspondiente, y a lo largo del cumplimiento de la condena, en el 41% de los casos. En los casos en los que no se ha tenido en cuenta la discapacidad, «hay una alta probabilidad de que durante el proceso se hayan vulnerado los derechos de la persona debido a la carencia de comprensión y/o comunicación o bien de la imposibilidad de ejercer apropiadamente el derecho de defensa»

Son algunas de las experiencias que tuvo la pucelana Belinda Ponce, una exreclusa a la que las malas compañías la obligaron a cometer delitos hasta el momento en que se hartó y se entregó a la Policía. «Cuando entré en la prisión, me sentí segura, libre, feliz», dice quien jamás supo quiénes eran sus abogados. «Los jueces y los fiscales ni me dejaban charlar ni me preguntaban», asegura.

Su testimonio es reflejo de algunos de los datos más «alarmantes» del estudio ‘A cada lado: informe sobre la situación de la gente con discapacidad intelectual reclusas y exreclusas en España’, anunciado esta mañana en un seminario en línea ordenado por la asociación Plena Inclusión. Elaborado en torno a la obtenida de datos de 743 métodos judiciales y las entrevistas con 367 personas con discapacidad intelectual reclusas o exreclusas y 81 profesionales vinculados al programa de apoyo a personas reclusas de Plena Inclusión, la meta del archivo era «evaluar y anunciar la situación de estas personas, estudiar qué ocurría durante los procesos penales, qué sucede cuando la persona es sentenciada y en el momento en que regresa a la independencia y proponer una secuencia de actualizaciones», explicó Inés de Araoz, responsable del Área Jurídica de Plena Inclusión España.

Del informe, la responsable jurídica de la organización recalca que solo el 51,4% de la gente tenía un certificado de discapacidad intelectual antes del procedimiento judicial. En el 3,3% de las situaciones, el certificado llegó durante el procedimiento y en un 3,8% de las situaciones no se conoce. «Lo que sí entendemos es que hay un porcentaje muy significativo de personas que pasa por un trámite judicial y cumple una condena sin que se sepa que tiene pretenciones de apoyo o que presenta una discapacidad intelectual», denuncia.

Resalta además que el 28,1% de los reclusos con discapacidad intelectual «muestra conductas desafiantes o bien problemáticas». En este sentido, apunta que esto no significa que tengan malas formas de proceder, sino que tienen fallos en el momento de adaptarse a ese entorno. «El medio penitenciario es comunmente hostil y muy desafiante», lleva a cabo De Araoz, de ahí que es requisito buscar el origen de estas formas de proceder. Otra de las intranquilidades es que, según el informe, el 54% de las personas eran drogodependientes en el momento de su elaboración, el 28,5% consumía drogas, y el 66% consumen numerosas. No en vano, en el 71,2% de los casos el consumo de drogas estuvo relacionado con la comisión del delito. Además, hay un 70% de compromiso de que la persona prosiga consumiendo cuando ha salido de prisión.

Adversidades de entendimiento

En un 36,7% de las personas entrevistadas, además de una discapacidad intelectual, hay un problema médico mental. Y todo ello va unido a que hay un «número importante» de estas personas que tienen adversidades para leer, para redactar… «Todas y cada una estas capacidades son necesarias para completar formularios, para comprender las normas del centro, para soliciar un permiso, para cumplir un horario… Al fin y al cabo -arguye la responsable del área jurídica de Plena Inclusión-, para entender tomar elecciones en el contexto penitenciario y así evitar abusos».

En relación a la vida en prisión, el estudio revela hallazgo interesantes como que, aunque el 28,5% de las personas en prisión están como norma general en tercer nivel, en el caso de la gente con discapacidad la cifra baja hasta el 5,7%. Solamente el 55,2% de los reclusos con discapacidad participaban en un cursos o talleres reglados, un dato que se elevaba hasta el 65,69% en la situacion de los centros penitenciarios que cuentan con módulos concretos de discapacidad. En la situacion de los tutoriales o bien talleres no reglados, ingresa a la formación el 59,4%.

Y si charlamos de la formación para el empleo, solo accede un 16,3%. «Es primordial hacer mejor este apunte porque es la puerta a un empleo en el futuro y un elemento clave para evadir la reincidencia», ha apuntado De Araoz. Y sucede que a su juicio el estudio «es la crónica de una reincidencia anunciada». El informe apunta a que el 54,5% de la gente reclusas con discapacidad intelectual reincide. «Es un fracaso del sistema y de la sociedad en su grupo, porque no se ha detectado la situación donde está y las necesidades de acompañamiento. Suelen ser condenas privativas de independencia, sin permisos, con cumplimiento íntegro sin alivio de la condena y sin programas clave para regresar a la sociedad de forma exitosa. Cuando el recurso cumple la condena, regresa a la casilla de salida y al entorno en el que empezó todo. Solo el 9,8% consigue un empleo», asegura la encargada de una investigación que pone encima de la mesa alrededor de 50 propuestas para mejorar la reinserción de estas personas, como la puesta en marcha de utilidades para mejorar la detección de estos inconvenientes o bien las resoluciones elecciones a las penas privativas de libertad.



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