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Todos los riesgos fueron advertidos, concluye la sentencia que absuelve a Rato de fraude


La Sala Penal de la Audiencia Nacional dictaminó esta semana que no hubo delito de estafa a inversores en la OPV de Bankia, ni se falsificaron las cuentas. La sentencia de la Audiencia Nacional sostiene que la ausencia de referencias en las cuentas anuales de 2011 de deterioros «no se produjo con la intención de ocultarlas, sino en el convencimiento de que esta situación se solucionaría con el ‘Plan de Actuación’ elaborado el 30 de marzo de 2012 ”, que fue aprobado por el Banco de España en abril de ese año.“ Esta prueba ”, prosigue la sentencia, «La ausencia de intención de falsificar las cuentas para alterar la verdadera imagen de la entidad, mediante la ejecución de actos con tanta celeridad que, sin duda, iban encaminados a conseguir la adecuación de esas cuentas a la realidad, a través de una operación apoyada por el Banco de España”.

La absolución de la Audiencia Nacional es lo contrario a lo que determinó la Corte Suprema en el proceso civil por la misma operación y que obligó a los accionistas minoritarios a devolver el dinero invertido. Pero ambos fallos son compatibles. Fernando Zunzunegui, catedrático de Derecho Bancario de la Universidad Carlos III de Madrid, explica que en el proceso civil basta con que no haya habido suficiente información para condenar, mientras que en el proceso penal la sentencia no es condena porque no hay fraude, “no hay intención de apropiarse de algo o causar daños, eran buenas intenciones: capitalizar Bankia y salir adelante ».

Santiago Carbó, catedrático de Economía y Finanzas y director de Estudios Financieros de Funcas, recuerda que «se buscaba una solución y en ese momento era ganar tamaño y acceder al mercado». «Hasta ese momento las cajas habían salido bien”, Dice Carbó,“ pero no tenían suficientes herramientas para reunir capital. En su opinión, todas las precauciones se incluyeron en el prospecto de la OPI.

Por el contrario, Zunzunegui considera que «la CNMV no debería haber aprobado el folleto. En él hay 19 páginas con riesgos, donde se enumeran todos los que aparecen en cualquier libro de economía financiera, incluso dice que puede haber riesgos no detallados que podrían causar pérdida de capital. Eso no es informar. Lo que debería haber dicho es: ‘Estamos intentando salvar a Bankia, que es una entidad en alto riesgo de quiebra, estamos intentando que todo funcione con los 3.000 millones que recaudamos, pero puede que no y se perdería la inversión’ .

Precisamente, uno de los aspectos más divergentes entre el Tribunal Supremo y el Tribunal es la calificación de la información facilitada en el prospecto de la OPV. Si bien para el Tribunal Supremo «contenía información económica y financiera que poco tiempo después se reveló gravemente inexacta debido a la reformulación de las cuentas y su evidente falta de solvencia», la Audiencia Nacional sostiene que en el prospecto de la OPV los riesgos eran prevenido: “Se describen hasta 36 riesgos a la hora de invertir en acciones de Bankia (…) la descripción completa y clara también contiene una advertencia que cualquiera entendería”. El tribunal es categórico al afirmar que la información del prospecto era suficiente y comprensible para cualquiera, «incluidos los inversores minoristas, que estarían interesados ​​en leerlo».

Además, la Sala Penal incluso subraya que el anuncio de la renuncia de Rodrigo Rato el lunes 7 de mayo -tres días después de que se publicaran en la CNMV las cuentas no auditadas de Bankia y BFA- “fue muy publicitado, circunstancia que alertaría a cualquier inversor. , por obtuso que sea, del absoluto inconveniente de colocar su dinero en acciones de Bankia ». En realidad, fueron unas 225.000 personas que compraron acciones de Bankia cuando salió a bolsa, muchas de ellas tras haber sido atraídas por las propias oficinas bancarias del banco.

De hecho, desde entonces se ha incrementado la regulación de los mercados financieros y a partir de enero de 2019 la directiva comunitaria Mifid II está en pleno funcionamiento en España, en virtud de la cual se debe realizar un test para definir el perfil del inversor y la idoneidad del producto. Carbó destaca que «El riesgo cero no existe», “Es imposible cubrir todos los riesgos con regulación”, pero que Mifid II “protege mucho más al inversor”. «Esta lección se ha aprendido en España y en Europa».

La absolución se basa en que tanto el Banco de España como la CNMV supervisaron y aprobaron todo el proceso. Zunzunegui es muy crítico con el papel del supervisor. ‘Se requiere un cambio cultural. El FMI advirtió al Banco de España hace dos años que tiene que ser proactivo en la defensa y protección de los clientes. Pero luego solo le preocupaba la solvencia de la entidad. El FMI recomendó la creación de «una autoridad para la protección del consumidor financiero y una mayor transparencia en el proceso de nombramiento de altos funcionarios de las agencias de supervisión financiera».

Para Antonio Pedraza, presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas, “tanto el Banco de España como la CNMV funcionan muy bien y ahora estamos viviendo una época de gran profesionalidad en ambas instituciones. Las instituciones son una cosa y las personas que las dirigen son otra, que pueden cometer errores si no actúan con la debida diligencia y objetividad. La información facilitada en la OPV de Bankia no fue transparente y él estuvo de acuerdo con ella ”.

Un fallo que gana al Ministerio Público

La sentencia de la Audiencia Nacional no se detiene en criticar al Ministerio Público. Los imputados, según la Fiscalía, «procedieron a la formulación de las cuentas con perfecto conocimiento de que no reflejaban la verdadera imagen de la entidad al no registrar los importantes ajustes derivados del deterioro del grupo inmobiliario y adjudicados». » Pero el tribunal sostiene que la información proporcionada reflejaba «con precisión» la recibida del auditor. Además, la sentencia subraya «la ausencia total de la más mínima prueba necesaria para sustentar tal acusación (…) no se detalla ni un solo dato que pueda llevarnos a albergar siquiera la mera creencia fundada de que estos imputados abandonaron sus funciones, obstaculizar las funciones del auditor externo para evitar la aparición de las deficiencias existentes ”.

A lo largo de las más de 440 páginas de la sentencia se suceden los reproches al Ministerio Público: “sin ningún fundamento sólido”, “algo que este Tribunal (el Ministerio Público) recordó una y otra vez hasta el agotamiento”; los peritos del Ministerio Público «no razonaron cabalmente, simplemente argumentaron que ese era su criterio»; «Ausencia de hechos concretos imputados»; «La indefinición, la absoluta falta de precisión de los hechos punibles». El Tribunal no ha dejado de ser irónico al reprochar a la Fiscalía haber cuestionado el prospecto de salida a bolsa de Bankia, “que, según dijo, contenía la descripción de tantos y tan complicados riesgos que imposibilitaba ser captado por inversores sinceros”.

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